En un contexto económico caracterizado por un crecimiento sostenido en los últimos años, aunque con una desaceleración reciente con proyecciones de expansión por debajo del 3 %, inferior a la tasa potencial de crecimiento, la cual fluctúa anualmente según el contexto global y nacional, en torno al 5.0%, la República Dominicana enfrenta crecientes desafíos para sostener su ritmo de desarrollo. En este inicio de año, el análisis económico se convierte también en una oportunidad para hacer una pausa, observar con perspectiva el camino que se abre y reflexionar, con serenidad, sobre los desafíos que aún quedan por afrontar. Entre estos, las limitaciones fiscales destacan como un factor clave que restringe la capacidad del Estado para impulsar la inversión pública y atender las crecientes demandas socioeconómicas. En este escenario, comprender las causas de estas restricciones y promover mecanismos innovadores, como las Alianzas Público-Privadas (APP), resulta esencial para fortalecer la competitividad, atraer capital privado y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado y sostenible.

El panorama fiscal actual de la República Dominicana revela una tendencia que limita la capacidad del Estado para invertir en sectores productivos. Aunque los ingresos fiscales han mostrado un crecimiento sostenido, pasando de alrededor de DOP660 mil millones en 2019 a más de DOP1.2 billones en 2024, el aumento simultáneo del gasto público y del endeudamiento ha reducido el margen disponible para financiar proyectos de desarrollo e infraestructura.

En la práctica, una parte considerable de los recursos se destina al pago de intereses de la deuda, lo que limita la inversión en sectores generadores de valor. A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) nominal ha crecido de manera constante, la deuda pública lo ha hecho a un ritmo mayor en los últimos años, evidenciando una dependencia estructural del crédito público para cubrir el gasto corriente.

Esta situación se hace evidente al observar el uso del presupuesto nacional, donde la mayor parte de los fondos se concentra en el gasto corriente, que incluye nóminas y servicios básicos. Mientras estos compromisos subieron de DOP 641 mil millones en 2019 a más de DOP 1.2 billones en 2024, el dinero destinado a la inversión de capital para obras de infraestructura ha sido significativamente más moderado. Esta diferencia confirma que el Estado cuenta con menos recursos propios para impulsar la producción, lo que obliga a buscar alianzas con el sector privado para que el desarrollo del país no se detenga.

El déficit fiscal en la República Dominicana está estrechamente vinculado a una presión tributaria relativamente baja, situada entre el 13 % y el 14.6 % del PIB, por debajo del promedio regional cercano al 20 %. Este nivel de recaudación limita la capacidad del Estado para financiar adecuadamente sus necesidades de inversión y gasto social sin recurrir a un mayor endeudamiento, afectando así la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

Este crecimiento pausado sugiere que la actividad económica actual no es suficiente para llenar ese vacío productivo, dejando una capacidad ociosa que impide que el país alcance la meta de producción que realmente podría generar con los recursos que tiene disponibles.

Ante este panorama, las Alianzas Público-Privadas (APP) surgen como un mecanismo eficiente para canalizar recursos privados hacia proyectos de impacto económico y social, sin incrementar el endeudamiento público. La Ley 47-20 proporciona el marco legal que permite estructurar iniciativas en sectores estratégicos como infraestructura, energía, transporte y desarrollo urbano, generando sinergias entre el Estado y el sector privado.

Proyectos como la rehabilitación del Puerto Duarte en Arroyo Barril, desarrollados bajo este esquema, demuestran el potencial de las APP para transformar activos públicos en motores de desarrollo, siempre que cuenten con una estructura técnica y financiera sólida.

La calidad del diseño, la gestión de riesgos y la previsibilidad de los flujos son factores decisivos para asegurar la factibilidad de cada iniciativa y atraer capital institucional de largo plazo.

La experiencia de Chile ofrece un referente valioso en la región. Su modelo de concesiones públicas combina estabilidad institucional con mecanismos financieros innovadores, como el “Least Present Value of Revenues” (LPVR).

Este sistema adjudica proyectos al oferente que requiere el menor valor presente de ingresos para recuperar su inversión, reduciendo la discrecionalidad y aumentando la competencia.

Adaptar un enfoque similar en República Dominicana, por ejemplo, integrando el LPVR con mecanismos de salida o “exit value” respaldados por el Estado o fideicomisos, podría mejorar la confianza del inversionista y reducir la exposición al riesgo financiero, sin comprometer la responsabilidad fiscal.

Las APP deben verse como una herramienta de desarrollo sostenible. Su éxito depende de una planificación rigurosa y del análisis de riesgos multidisciplinarios (financieros, políticos, regulatorios, ambientales, sociales, operativos y de construcción). Una gestión transparente de estos factores es lo que garantiza el retorno y beneficio para los sectores involucrados.

Las APP representan hoy una vía concreta para impulsar la inversión productiva y fortalecer la competitividad del país, bajo esquemas que promuevan valor compartido y sostenibilidad a largo plazo.

En este proceso, contar con asesoría técnica especializada resulta esencial para estructurar proyectos que sean financieramente viables, socialmente responsables y sostenibles.

Desde nuestra experiencia en Baker Tilly, hemos comprobado que la combinación adecuada de visión estratégica, análisis financiero y gestión de riesgos puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y una oportunidad perdida. Potenciamos esta visión a través de nuestros servicios de estructuración (planificación de infraestructura, análisis de viabilidad, estructuración comercial, estructuración de deuda y capital, acompañamiento en proceso licitatorio) y nuestros servicios de inversión (construcción de modelos financieros, M&A, cierre financiero y “due diligence”). En este sentido, Baker Tilly se posiciona como un socio clave para transformar la estrategia en resultados, impulsando proyectos sostenibles que generan valor y contribuyen al crecimiento económico del país.

Autores: Steven Rosario y Juan S. Mendoza